Acreedores de la Corfuch creen que le pueden quitar sus derechos a la S.A. Federico Valdés lo descarta.
La demanda indemnizatoria que Azul Azul interpuso contra la masa de la quiebra de la Corfuch (por US$ 1.158.492), por un contrato con la CCU en la que asegura se le provocaron perjuicios, podría traer cola. La sindicatura tiene 18 días para contestar el escrito y la junta de acreedores le pidió evaluar una contrademanda.
¿Qué consecuencias podría tener esto? Según uno de los participantes en la junta, podría alegarse incumplimiento del contrato de la concesión y hasta exigirse que ésta caduque, lo que podría complicar la salida a la bolsa de la administradora de la U. "Es que deja a los acreedores valistas sin la posibilidad de cobrar su dinero al pretender establecerse como acreedor preferente", relata la fuente.
Entre los acreedores hay molestia. Dicen que la concesión se vendió en 3.333 millones, y resulta que a menos de un año se pide un sexto de esa suma de vuelta. Es más, alegan que Azul Azul pidió que se eliminara del contrato una cláusula que establecía que es obligación de los adjudicatarios respetar los contratos que existían.
"Pedimos que se sacara, pero nunca pensamos que iba a salir tan caro llegar a acuerdo con CCU, que íbamos a tener que mantener estáticos por dos años. La concesionaria tiene que velar por todos los accionistas y hay cosas, como esta demanda, que no puede dejar de hacer", sostuvo un miembro del directorio de la compañía.
"Mi idea es que no se vaya a perjudicar a los trabajadores. Y no interferir en el desarrollo de Azul Azul", dice el síndico José Manuel Edwards.
Federico Valdés, el presidente de Azul Azul, descartó de plano que exista algún riesgo de perder la administración de la U. "Eso no tiene ningún asidero. Seguiremos adelante con la demanda. Lo que hay es una bravata y nada más. ¿Que es muy caro lo que cobramos? Pusimos precio de mercado por el uso de los estáticos. Es delicado que se hable de impedir salida a la bolsa. Podríamos alegar perjuicios económicos", afirmó.
"Lo que hicimos fue establecer un juicio por subrogación. Pagamos al acreedor y, por esa vía, adquirimos sus derechos en la quiebra. Lo que pasó es que el síndico decidió mantener el contrato con Cristal, se comprometió a continuarlo y no lo mencionó en las bases de licitación. Tampoco puede alegar desconocimiento: en abril fue notificado, por escrito, del pago de subrogación. Y cualquiera que entienda algo de quiebras sabe que un juicio por subrogación antecede a un juicio para cobrar. Le pedimos a un juez (N. de la R.: Jenny Book) que determine. Nadie nos puede quitar ese derecho", finalizó.